Por Alfredo Zaiat
En crisis económicas de proporciones como la que se está viviendo a escala planetaria, no está en discusión la necesaria intervención del Estado para amortiguar los efectos negativos de una recesión global. Sólo fundamentalistas del mercado siguen con su discurso, que a esta altura se encuentra fuera de época, como patrullas perdidas en el de-sierto de un Wall Street devastado. Pero, a la vez, el revalorizado rol del Estado no significa que el poder financiero y sus voceros hayan perdido influencia y mucho menos que no vayan a sostener su actual hegemonía. Sólo con mirar el noticiero de CNN en su abordaje de la debacle del mercado bancario de Estados Unidos y en su reaccionaria calificación de las categorías “racionales” e “irracionales” a gobiernos latinoamericanos se revela que ese bloque de poder aún goza de buena salud. En realidad, no habría motivos para suponer lo contrario puesto que hasta ahora los millonarios paquetes de rescate han sido destinados a salvar bancos y banqueros. A mediados de la semana pasada se conoció que el máximo responsable de Fortis, conglomerado financiero que los Países Bajos y Francia tuvieron que nacionalizar y auxiliar con miles de millones de fondos públicos para eludir su quiebra, se retiró con una indemnización de 800 mil euros. Este caso sirve como referencia para un debate central referido no ya a la mayor o menor participación del Estado en la economía, sino en cómo está interviniendo y, en especial, quiénes son los beneficiarios de los recursos públicos imprescindibles para evitar la profundización de la debacle. Esto significa que, en el péndulo de las corrientes que se imponen en el discurso público, no todo lo que haga el Estado de ahora en más estará bien como en un juego de espejo, cuando antes era el mercado el amo y señor de la economía. Por eso, en las previsibles tensiones que se registrarán en los tiempos que se vienen, la mirada atenta deberá estar dirigida a cuál será el destino de los fondos públicos, que serán abundantes y con varios sectores pujando por ellos.
En el ámbito doméstico, mejorar el tipo de cambio real, planes de asistencia productiva, subsidios vías tasas de interés o reducción de cargas impositivas forman parte del menú que el sector privado presiona para orientar esa intervención del sector público. Cada una de esas medidas constituye transferencias de ingresos a ese núcleo de poder, lo que se refleja en muchas ocasiones en expresiones políticas contundentes que buscan, en realidad, beneficiarse en la distribución de recursos del fisco. En la última semana hubo iniciativas oficiales en ese sentido y en las próximas habrá otras más. Una de ellas fue el proyecto de reducción de cargas patronales para los nuevos empleos generados por el sector privado y condonación impositiva a las pymes que pongan a su personal en blanco. Se sabe, con la experiencia cercana de la década pasada, que la reducción de los costos laborales no tiene impacto positivo en la creación de empleo.
Otra iniciativa anunciada hace dos semanas fue el programa de Petróleo Plus y Refinación Plus para inversiones de 8750 millones de dólares que implican involucrar abundantes fondos públicos, al incluir certificados de créditos fiscales, disminución de retenciones, devolución anticipada del IVA y amortización acelerada de Ganancias. El petrolero sigue siendo uno de los sectores con tasas de utilidad más elevadas de la economía y no se ha precisado si esas inversiones igual se hubieran realizado con o sin intervención estatal. Durante esta semana es probable que se presente el plan para la cadena de valor automotriz que consistirá en créditos a cinco años a tasa cero hasta 30 mil pesos para uno o dos modelos por terminal. El Estado será el responsable de poner el dinero para que sea nulo el costo financiero de esos préstamos. El sector automotor también ha sido uno de los que ha contabilizado los márgenes de ganancia más importante en los últimos años. A diferencia del petrolero, el automotriz tiene un encadenamiento más relevante en cantidad de trabajadores.
En uno y en otro caso, que seguramente se extenderá a otros sectores productivos, el Estado actúa como subsidiario del mercado, y por el momento de áreas de elevada concentración, incentivando al sector privado con recursos fiscales. Esas iniciativas quedan así a merced de la respuesta empresaria, con resultado incierto. Las experiencias recientes en Estados Unidos y en Europa no son muy alentadoras respecto a la reacción del sector privado a millonarios apoyos fiscales. El comportamiento de los banqueros, por ejemplo, ha sido el de utilizar esos fondos para financiar la fuga ante el derrumbe del sistema. Lo mismo que sucedió durante la crisis 2000-2001 en Argentina, cuando los paquetes de rescate internacionales y los mecanismos de auxilio local (redescuentos del Banco Central) fueron el canal de escape de los grupos más poderosos que giraron al exterior miles de millones de dólares.
El antecedente del New Deal de Roosevelt ofrece, en cambio, el camino más contundente utilizado en la década del 30 para salir de la crisis. El Estado sustituyó al mercado como el motor de la economía, con obras públicas, ampliación de la cobertura social, orientación del crédito, regulación del mercado laboral protegiendo a los trabajadores, fijación de precios máximos y control de la producción. En definitiva, el Estado asumió el manejo pleno de la economía sin depositar en el humor, confianza o especulación del mercado la salida de la crisis. El gasto público fue conducido en forma directa a la demanda, o sea a los bolsillos de la población vulnerable que destina todo el dinero al consumo y, por lo tanto, reactiva el circuito virtuoso de la producción y el crecimiento. El amplio proyecto de inversión pública que el Gobierno terminará de precisar dentro de dos semanas, que incluirá además muchas pequeñas obras en todos los rincones del país, tiene esa impronta. También una eventual suba de las jubilación o un monto extra en el medio aguinaldo.
Resulta evidente que las realidades son diferentes, las situaciones son más complejas y no todo se puede imitar como si no existiesen otros sujetos sociales ni hubiese transcurrido el tiempo desde el New Deal. Esas prevenciones son más nítidas cuando las medidas que protegen a los más débiles, como la eliminación de las AFJP, provocan la reacción histérica del poder con latiguillos mediáticos sobre “la caja”, mientras que las que benefician a grupos concentrados como a los petroleros se trata de “firmes decisiones” del Gobierno. Resulta confuso para especialistas en análisis binario este proceso, porque dentro de la administración kirchnerista conviven ambas tendencias. Esas reacciones del poder económico como esa disputa interna en el Gobierno revelan que una u otra vía de intervención estatal, subsidiaria del mercado o asumiendo su centralidad en la economía, en última instancia, son la exteriorización de la tensión sobre el tipo de modelo de acumulación y quién lo liderará en estos nuevos tiempos que se avecinan en un mundo que ha coordinado la recesión en las tradicionales potencias planetarias.
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